Contraloría de Antioquia realizó rendición de cuentas en La Ceja.

La jornada estuvo acompañada por colectivos ciudadanos, autoridades locales y mandatarios de la región del Oriente  Antioqueño.

El informe dio a conocer el resultado de las auditorías realizadas a hospitales, alcaldías y otras instituciones de la región. Se dieron detalles de 239 hallazgos disciplinarios en entidades descentralizadas y 469 hallazgos administrativos en los que se implementaron planes de mejoramiento.

«Contamos con el 90% de los alcaldes y personeros de la subregión, con la presencia de las autoridades y con los veedores que próximamente lanzarán la gran Red de Veedurías del Oriente Antioqueño. Fue una rendición de cuentas, capacitación en medio ambiente y veedurías ciudadanas y lo más importante es mostrar el resultado de los procesos de control y sancionatorios del año 2020» dijo Elsa Yasmín González, Contralora General de Antioquia.

La contraloría general de Antioquia indicó que se tuvieron 82 hallazgos fiscales que podrían  representar detrimento patrimonial por  8.429 millones de pesos en el Oriente Antioqueño y 3 de ellos fueron en el municipio de La Ceja que representan un valor de  24 millones de pesos.

El informe dio a conocer las 23 auditorías regulares a municipios de la región, tres de ellas especiales por hallazgos relacionados con finanzas públicas. Se presentaron 9 hallazgos de tipo administrativo que fueron fueron remitidos a la Fiscalía general de la nación y tomados con medidas penales; 2 en San Carlos, 1 en Argelia, 3 en San Luis, 2 en Sonsón y 1 Rionegro 

Los veedores ciudadanos fueron los principales aliados para dar con estos hallazgos, según lo afirmó la Contraloría General de Antioquia.

«Donde hay un veedor ciudadano, ahí está la Contraloría, porque son aliados que nos ayudan a vigilar los recursos públicos. Las veedurías ciudadanas son fundamentales y considero que son importantes para que los recursos realmente lleguen a las comunidades que los necesiten» ratificó la Contralora.

Los casos en mención pasaron a las instituciones que tienen competencia para los procesos sancionatorios.