En la últimas horas a través de un boletín, la Procuraduria General de la Nación formuló cargos contra el ex alcalde del municipio de El Retiro, Juan Camilo Botero Rendón, y contra el concejal Juan Camilo Bravo Villegas, actual corporado del municipio, electo por el partido Cambio Radical.
Según el ente disciplinario, ambos funcionarios estarían implicados en posibles irregularidades en la contratación del servicio de instalación, reparación y desmonte del alumbrado público navideño del 2017.
Para la PGN el ex mandatario habría incumplido su deber de vigilar y controlar, a Bravo Villegas, quien en su momento fungía como secretario de Productividad, Competitividad y Desarrollo Empresarial y a quien delegó la actividad contractual del municipio, pues al parecer, no le habría exigido informes de la ejecución del convenio suscrito con la Empresa de Servicios Públicos (ESP) Retirar S. A., lo que denotaría descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones.
Por su parte la Procuraduría Provincial de Rionegro, cuestionó al ex secretario de Productividad, Competitividad y Desarrollo Empresarial, y actual concejal del municipio, por un supuesto interés indebido en provecho propio y de terceros que serían sus socios, dado que, presuntamente, Bravo Villegas ostentaba la calidad de accionista de la E.S.P Retirar S. A. con la cual, habría suscrito una contratación directa por $267’490.000.
Entre Ceja y Ceja intentó comunicarse con el ex alcalde y el concejal Bravo, pero no recibió respuesta de ninguno.
Juan Camilo Botero Rendon, es Ingeniero Civil de profesión, se ha desempeñado como director de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, decano de la facultad de ingeniería de la UCO y alcalde de El Retiro para el periodo 2015 – 2019.
Por su parte, Juan Camilo Bravo Villegas, es administrador de empresas y ha trabajado en la empresa de servicios públicos del municipio Retirar, ha sido contratista de la empresa Optimizar Servicios, posteriormente fue nombrado como Secretario de Desarrollo Económico, cargo al que renunció para ser candidato al Concejo Municipal donde finalmente en en 2019, salió electo concejal del municipio con 318 votos.
Por ahora el ente no se ha pronunciado ante lo que podría ser la suspensión, inhabilidad y apartamiento del cargo que, en la actualidad ostenta, pues el proceso estaría en la fase de investigación.
De hallarsen culpables ambos ex funcionarios podrían ser inhabilitados para ejercer cargos públicos por al menos 10 años, además de enfrentarse a un proceso penal, pues de fallar en contra, la PNG podría compulsar copias del proceso a la Fiscalia General de la Nación.
