Gobernador de Antioquia fue recapturado por presuntas irregularidades en contratos realizados entre el 2004 y 2007

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó a Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, por presuntas irregularidades en la contratación del proyecto de pavimentación y mantenimiento de la Troncal La Paz. El citado contrato lo suscribió Gaviria Correa cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia entre los años 2004 y 2007. 

La actividad contractual mencionada es derivada con ocasión a diferentes obras en un tramo de la Troncal la Paz, más exactamente entre los sectores de La Cruzada y Caucasia. El valor inicial de la actividad contractual fue de $41.663.432.778. 

La investigación da cuenta de que la licitación fijó un anticipo del 25% del valor básico del contrato; sin embargo, en la firma del contrato, el 22 de diciembre de 2005, se aumentó a 29%. Para el fiscal instructor, tal variación no tendría justificación técnica y correspondería a una modificación caprichosa.

Según la Fiscalía General de la Nación, hay indicios de probables anomalías en el trámite y celebración del contrato adicional N° 1, el 8 de noviembre de 2007, por valor de $3.995’000.000, cuyo objeto fue el de pavimentar tramos pequeños de la vía y garantizar el pago de “mayores cantidades de obra” que no fueron precisadas.

Las verificaciones evidenciaron que, dicha adición, no contaba con soportes técnicos. Se identificó también la suscripción del otrosí 2, cuatro días antes de que el entonces gobernador de Antioquia dejara el cargo y luego de haber terminado el empalme con su sucesor. Como objeto se incluyó la construcción de un puente sobre el río Nechí para, supuestamente, conectar la cabecera de El Bagre con la denominada Troncal la Paz.

En el expediente existen elementos suficientes para establecer que el mencionado otrosí 2, cuyo valor superó los 16.000 millones de pesos, contempló una obra que no era complementaria ni tendría relación con el proyecto base, por lo que debió contratarse previo el agotamiento de un proceso distinto de selección objetiva.

Finalmente, antes de pagarse los recursos del anticipo, se permitió que una suma superior a 5.000 millones de pesos fuera destinada por el contratista constructor para la adquisición de maquinaria, aún cuando la disposición en obra de equipo suficiente y necesario fue uno de los requisitos de la licitación.

Para el Fiscal titular del caso, el Gobernador era el representante legal del Departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación.

En ese sentido, en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal), el Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó a gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa como coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

El juicio se realizará a instancias de la Corte Suprema de Justicia. El Fiscal primero delegado, ante la actualización de los requisitos objetivos y subjetivos de carácter legal, impuso medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad, sustituida por detención domiciliaria.