Opinión: La delegación para contratar: Una simple lavada de manos
«Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente…” (Mateo 27:24)
La denuncia ciudadana, a través de los mecanismos formales y de las redes sociales, ha permitido confirmar que en Colombia la mayor pandemia ha sido, es y seguirá siendo la corrupción.
Debido al cumulo de irregularidades en materia de contratación, la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría pusieron en ejecución la estrategia “Transparencia por la Emergencia”, un trabajo articulado y tal vez sin precedentes en el país. Con ello se busca hacer seguimiento a los posibles casos de corrupción e imponer las correspondientes sanciones a los corrompidos que se roban los multimillonarios recursos públicos que destinan dizque para mitigar la crisis originada por el COVID-19 y que en realidad van a parar a sus bolsillos.
Hasta ahora, los entes de control tienen en revisión los miles de contratos suscritos aprovechando la posibilidad de contratar directamente o a dedo.
Algunos representantes de las entidades, gobernadores, alcaldes, gerentes, directores, con el fin de evadir su responsabilidad, sagazmente, han delegado la contratación en sus subalternos. En otras palabras, así como se recomienda ahora y tal cual lo hiciera Pilatos en el relato bíblico: se lavan las manos.
Es bueno recordar que la delegación no exime absolutamente de responsabilidad al jefe de la entidad que delega.
Por la importancia y trascendencia de la actividad el jefe del organismo o representante legal, debe como mínimo asumir responsablemente su obligación de orientar, coordinar, vigilar y controlar la contratación.
La delegación para contratar no puede convertirse en una simple herramienta para evadir las prohibiciones que impone la ley a los servidores públicos, ni para imponer indebidamente a los subalternos la toma de decisiones ilegales, con la creencia de que la delegación los protege de todo tipo de responsabilidad.
Los jefes de las entidades públicas, por su condición de director de los procesos precontractuales y contractuales, a pesar de la delegación que se haya realizado para tal efecto, son responsables por la omisión en el cumplimiento de las normas fiscales, disciplinarias y penales que regulan la contratación estatal.
Columna de opinión por: John Jairo Echeverri Salazar
