18 April, 2024
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Denuncian presencia de funcionarios públicos en evento político realizado en Rionegro

Denuncian presencia de funcionarios públicos en evento político realizado en Rionegro
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En la noche de ayer se realizó en el auditorio del club La Macarena en Rionegro, un evento de carácter político, organizado por simpatizantes del candidato a la Gobernación de Antioquia, Andrés Julián Rendón y del candidato a la Alcaldía de Rionegro, Jorge Rivas Urrea.

En este espacio en el que, según la campaña se entregaron 55 mil firmas, unas 1 mil personas asistieron al evento, entre candidatos al concejo, concejales y los mismos precandidatos a la Alcaldía de la coalición Rionegro nos Une.

Pero no todos los asistentes fueron personas de a pie y líderes sociales, en videos colgados por los propios actores políticos, se vieron un sinfín de empleados de al actual administración municipal de Rionegro, entre ellos dos subsecretarios, quienes no pudieron esquivar las cámaras y que quedaron grabados, configurando no solo una evidencia, también una conducta disciplinaria contraria a la ley, ya que según la norma, funcionarios públicos no pueden participar en actos políticos y mucho menos proselitistas.

En los vídeos e historias, se ven a contratistas actuales y personas con cargos de vinculación directa con el ente territorial, entre ellos el subsecretario de promoción para el desarrollo Juan Fernando Ospina, quien estaba en compañía del concejal Jonathan Valencia y otro grupo de personas.

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La ley 734 del 2002, expresa de manera clara que, es una conducta gravísima por parte de los funcionarios públicos, que incluso les acarrea destitución del cargo e inhabilidad, “participar en las actividades de los movimientos o partidos políticos”, y mucho menos en función de su cargo.

Es así como un grupo de veedurías ya estaría colocando en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, dichos sucesos que, mancillan el accionar del ejercicio de gobierno.

Cabe resaltar que esta conducta acarrea inhabilidades para ejercer cargos en el sector público de hasta 8 años y 10 años de prisión, según la gravedad del mismo.