Médico que leyó mal los resultados de una vasectomía deberá pagar la manutención de la menor que nació después de la cirugía
En un fallo sin precedentes en Colombia, el Juez Diego Naranjo ha emitido una decisión que ordena al médico responsable de una vasectomía y a la EPS Saludcoop a hacerse cargo de una parte de la manutención de Luciana, una niña de 10 años concebida después de que su padre se sometiera al procedimiento quirúrgico.
En 2012, Alcides de Jesús Gallego Toro se sometió a una vasectomía y, tras un espermograma que mostró resultados exitosos, él y su esposa dejaron de utilizar métodos anticonceptivos. Sin embargo, unos meses después, su esposa quedó embarazada y dio a luz a Luciana en 2013. Ante la incertidumbre y desconfianza, Alcides decidió realizar una prueba de paternidad, la cual confirmó que él era el padre biológico de la niña.
La pareja decidió presentar una demanda contra el médico y la EPS Saludcoop, argumentando que no se les había informado adecuadamente sobre la falta de efectividad del procedimiento y alegando que la llegada de Luciana empeoraría su ya difícil situación económica. Después de un largo proceso legal, el Juez Diego Naranjo concluyó que la pareja había sufrido una afectación en sus proyectos de vida y determinó que el médico y la EPS debían contribuir económicamente a la manutención de Luciana hasta que cumpliera los 18 años.
Esta histórica sentencia ha generado un amplio debate en la sociedad colombiana, ya que sienta un precedente legal en relación con los derechos y responsabilidades de los profesionales de la salud en casos de fallos médicos. Además, resalta la importancia de informar de manera clara y precisa a los pacientes sobre los resultados y posibles riesgos de los procedimientos médicos.
La decisión del juez ha generado opiniones encontradas. Por un lado, algunos sectores consideran que es justa y necesaria para salvaguardar los derechos de los afectados y evitar que situaciones similares ocurran en el futuro. Por otro lado, algunos argumentan que este fallo podría tener implicaciones negativas en la práctica médica, generando un ambiente de desconfianza y temor entre los profesionales de la salud.
Tanto el médico como la EPS Saludcoop han anunciado que apelarán la decisión ante instancias superiores, buscando que se reconsidere el fallo o se establezcan pautas más claras sobre la responsabilidad de los proveedores de servicios médicos en casos de este tipo.
Mientras tanto, la familia Gallego Toro espera que este caso sentado en los tribunales ayude a concientizar a la sociedad sobre la importancia de la información médica precisa y adecuada, así como a generar cambios en la legislación que protejan los derechos de los pacientes en situaciones similares.
