La polémica en La Ceja, estalló tras la difusión de videos que ubican al concejal Kevin Jiménez en el centro de los disturbios protagonizados por estudiantes en la Institución Educativa Bernardo Uribe Londoño, donde fue derribado un cerramiento instalado por la Administración Municipal.
Pero el foco no está solo en los daños, sino en lo que quedó registrado en las propias redes del Concejal. En una transmisión en vivo, el concejal permaneció conectado durante horas mientras estudiantes hablaban abiertamente de repetir los actos vandálicos. Frases como “¿va a venir el lunes a tumbar eso?” y “de una, hágale” se escuchan sin que haya rechazo alguno por parte del cabildante, lo que ha sido interpretado como una clara validación de los hechos.
De acuerdo con información conocida por Entre Ceja y Ceja, no se trató de un hecho espontáneo. Durante las socializaciones llevadas a cabo gracias a la intermediación de la Gobernación de Antioquia, el concejal hostigó las reuniones y luego la instalación de la separación. Existen serios señalamientos de que Jiménez venía agitando el inconformismo, cuestionando el proyecto y manteniendo contacto constante con los estudiantes, lo que hoy lo ubica como posible determinador de lo ocurrido.
Los propios videos publicados en sus redes evidencian que no fue un espectador pasivo: interactuó en medio de la protesta, reforzando su rol en un episodio que ahora es materia de investigación.
El caso escala aún más: fuentes advierten que el concejal podría enfrentar investigaciones por instrumentalización de menores de edad, una falta de alta gravedad que podría derivar en acciones penales en su contra en las próximas horas. En las últimas horas, se conoció que la Alcaldesa y varios concejales, interpondrán una denuncia penal contra Kevin Jiménez.
Este episodio revive un patrón. Jiménez ya había protagonizado protestas radicales en su etapa como estudiante, donde se encadenó en la puerta de la Institución Educativa Concejo Municipal para pedir el traslado de la rectora, pero hoy la diferencia es de fondo: ya no es un manifestante, es un funcionario público. Y la pregunta que hoy sacude al municipio es contundente: ¿hasta dónde llegó su responsabilidad en unos hechos que cruzaron la línea de la protesta hacia el vandalismo?
