En medio de la creciente polémica por la construcción del hospital de segundo nivel en La Ceja, el profesional del área jurídica de la Secretaría de Educación de Antioquia, Jhon Rivera, emitió un concepto que delimita claramente el alcance de las funciones de los rectores, en un contexto marcado por tensiones entre la institucionalidad educativa y la Administración Municipal.
Según Rivera, los rectores no tienen facultades para intervenir en decisiones administrativas o proyectos de los entes territoriales, ya que su rol está definido estrictamente por la ley. “Los rectores se rigen por unas leyes específicas; las funciones se las da la ley, no la Secretaría de Educación”, explicó el funcionario, al precisar que su responsabilidad se centra en el ámbito académico, pedagógico y disciplinario.
El concepto jurídico enfatiza que, si bien los rectores deben trabajar de manera articulada con las administraciones municipales, esto no implica injerencia en decisiones estratégicas o proyectos de desarrollo local.
“Cada ente no certificado en su autonomía administrativa tiene unos proyectos propios, lo cual no es nuestra competencia decir si o no, o siquiera cuestionarlos”, indicó Rivera, dejando claro que la Secretaría de Educación no avala intervenciones que excedan el marco legal de sus funciones.
En esa misma línea, el funcionario fue enfático: “La Secretaría de Educación, como ente nominador, no puede permitir que en ninguno de los casos los rectores pretendan intervenir o ir más allá”.
Este pronunciamiento se da en medio de la controversia generada por el anuncio de la alcaldesa de La Ceja, Ilbed Santa, de construir un hospital de segundo nivel en un predio de propiedad del municipio, ubicado cerca de la Institución Educativa Bernardo Uribe Londoño.
El proyecto ha generado oposición desde algunos sectores, incluyendo un concejal, varios movimientos sociales y hasta del rector, lo que llevó a la mandataria a elevar una queja formal ante la Gobernación de Antioquia contra el rector de la institución, Nicolás Gallego Arango, por lo que considera una actuación que desborda sus competencias.
Entre Ceja y Ceja ha conocido que en varias ocasiones, los debates sobre la conveniencia o no, han estado marcado por políticos en contraria oposición a la Alcaldía como el ex alcalde, Nelson Carmona y el concejal Kevin Jiménez. La situación, se agrava aún más, si se tiene en cuenta que estamos en plena ley de garantías.
Incluso, este medio de comunicación pudo establecer a través de una fuente que pidió la reserva de su nombre, que presuntamente, fue el propio concejal Jiménez quien dio la orden al rector y a la comunidad educativa, de no asistir a la sesión programada ante el Concejo Municipal.
Señalamientos contra el rector
De acuerdo con el documento radicado ante la Gobernación (adjunto a esta redacción), la alcaldesa advierte que el rector habría incurrido en conductas que comprometen la institucionalidad, entre ellas:
- Participación activa en escenarios de oposición al proyecto del hospital.
- Intervención en debates de carácter administrativo y político.
- Declaraciones públicas en medios de comunicación en las que incluso se refirió a un presunto conflicto de intereses de la alcaldesa.
Para la Administración Municipal, estas actuaciones no sólo exceden las funciones del cargo, sino que podrían afectar el normal funcionamiento de la institución educativa.
El caso ha escalado a un debate de fondo sobre los límites entre la educación pública y la gestión territorial, justo en un momento clave para uno de los proyectos de salud más importantes del municipio.
Mientras la Alcaldía insiste en avanzar con la construcción del hospital como una necesidad urgente para la región, el pronunciamiento jurídico de la Secretaría de Educación introduce un elemento clave en la discusión: los rectores no pueden incidir en decisiones administrativas que no les competen.
El concepto de la Secretaría de Educación podría sentar un precedente en Antioquia sobre el rol de los rectores frente a proyectos públicos, en especial cuando estos generan tensiones con comunidades educativas.
La discusión ahora no solo gira en torno al hospital, sino también a los límites de la función pública en el sector educativo y el respeto por la autonomía de las administraciones municipales.
