Vendedor de yogures fue capturado por vender productos vencidos.

 Sucedió en El Carmen de Viboral, la mercancía fue incautada y posteriormente destruida por las autoridades.

Después de varias quejas emitidas por la comunidad, las autoridades decidieron ejercer un control sobre las personas que venden estos productos puerta a puerta en diferentes sectores del municipio. Un cuadrante encontró 2 personas en el barrio El Progreso, quienes llevaban varios alimentos con fecha de expiración cumplida.

Según la alcaldía de El Carmen, «Un hombre fue capturado en nuestro municipio por el presunto delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. Se le incautaron varios productos los cuales se encontraban vencidos, con una mala cadena de frío y no actos para el consumo humano, así que serán destruidos. Seguimos consolidando un territorio más legal y seguro.» reza un comunicado emitido por la alcaldía.

Los productos perdieron la cadena de frío, por lo que la funcionaria de sanidad de El Carmen, le indicó a la Policía que estos no estaban aptos para el consumo humano.

¿A qué se enfrenta una persona que sea sorprendida vendiendo alimentos vencidos?

Según el Código Penal Colombiano, en el artículo 372, El que suministre, comercialice o distribuya producto, o sustancia o material de los mencionados en este artículo, encontrándose deteriorados, caducados o incumpliendo las exigencias técnicas relativas a su composición, estabilidad y eficacia, incurrirá en prisión de cinco (5) a doce (12) años, multa de doscientos (200) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comercio por el mismo término de la pena privativa de la libertad.

Las penas se aumentarán hasta en la mitad, si el que suministre o comercialice fuere el mismo que la elaboró, envenenó, contaminó o alteró. Si la conducta se realiza con fines terroristas, la pena será de prisión de ocho (8) a quince (15) años y multa de doscientos (200) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comercio por el mismo término de la pena privativa de la libertad.