¡Histórico!, en Rionegro se habla de una Política Pública de libertad de cultos.

En uno de los municipios mas católicos por tradición del departamento y el país,  se está hablando de equidad y la constitución de una Política Publica de libertad religiosa, iniciativa que pocos  municipios han decidido adoptar, pues aún en Antioquia cientos de alcaldes pasan por alto el concepto de Estado Laico,  encontrando como común denominador a los creyentes católicos, sin desconocer ese 5% que, según el diputado Mauricio Caly, no hacen parte de ningún culto o se consideran ateos.

Es así como el pasado 15 de abril, se ambientó en el Concejo de Rionegro, el Proyecto de Acuerdo que busca  implementar una Política Pública de Libertad Religiosa y de Cultos, teniendo como referencia que en dicho municipio se asientan al menos 5 credos, divididos en varias organizaciones, las cuales desde su vocación de servicio le han aportado por años al desarrollo y bienestar de los ciudadanos.

El proyecto que fue presentado por el Concejal Jhonatan Valencia,  contó con la participación  del diputado Mauricio Caly, quien lidera este proceso en el departamento,  el pastor  Sebastián García y el presbítero Darío Gómez , quienes pretenden buscar una convivencia y respeto, mediada por el diálogo y aportando a la construcción social.

“Tenemos la capacidad de intervenir en el desarrollo de la sociedad indiferente de los cultos; tenemos la experiencia, el conocimiento y las propuestas, es posible abolir en su totalidad los factores de exclusión”. Señaló el Pb. Darío Gómez quien acompañó la sesión en representación de la Iglesia Católica.

La sesión se realizó de manera semivirtual, debido a la pandemia, en la cual el diputado Mauricio Caly, aseguró que es importante reconocer en cada organización, los logros obtenidos para con la sociedad: “Es importante que se reconozca cada uno de los logros que las diferentes organizaciones fundadas en la fe, iglesias católica y grupos religiosos le han aportado al desarrollo y al tejido social”.

El objetivo principal de este proyecto es que toda persona perteneciente a cualquier religión, tenga cabida en la Administración Municipal y que no sean excluidas: “queremos que tengan arraigado un derecho; que puedan expresarse, tener asiento en la Administración Municipal y que sean tenidas en cuenta”. Indicó Jhonatan Valencia concejal del municipio de Rionegro.

Además, se pretende que estas organizaciones sean de alguna manera aliadas de la Administración Municipal, pues según ellos, no se desconoce que hacen un gran trabajo de tejido social en pro del bienestar de la comunidad.

Otro aspecto que se trató durante esta ambientación, tiene que ver con la rebaja o exoneración del pago de tributos e impuestos a las iglesias cristianas u salones de otras religiones conformadas en el municipio.

Actualmente en Rionegro, las religiones con mayor numero de creyentes son, Iglesia Católica, Iglesia Cristiana y Testigos de Jehová, aunque también se tiene registros de otras  doctrinas como Islamismo, Judaísmo, Protestantismo, que si bien  se establecen en pequeños porcentajes, representan la diversidad social y de pensamiento  en el municipio, donde a través del Concejo Municipal y su Presidente, se le viene dando participación  a cada una de estas comunidades, buscando el ejercicio de integrar, uniendo sociedad.

La Iglesia en la Constitución

Colombia es un Estado Laico y todas las religiones son iguales ante la Constitución, según el artículo 19. Esto quiere decir que la religión y la acción de gobernar no van de la mano en el país, por lo tanto, el Gobierno no reconocerá por encima de una ni de otra alguna religión especial, como la católica.

Sin embargo, somos católicos por historia, hace más de cinco siglos, los españoles no solo impusieron su lengua sino también sus creencias y la población criolla, surgida como una mezcla de razas, creció con la creencia católica y esto no se quita o se elimina de la noche a la mañana.

Antes de 1991, el Estado reconocía a la religión católica como la principal. Pero, después de la Constitución del 91, se declaró inexequible esta consagración oficial.

Y es que en 30 años de haber sido firmada la actual Carta Magna, de estos preceptos poco o mucho se habla. Haciendo un paralelo a lo que ha sido la posición del estado frente a estos temas religiosos, el mas evidente se aprecia en el preámbulo de la constitución de 1886 el cual reza lo siguiente: «En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad» esto dejaba claro que Colombia era un país confesional. Por más de cien años, la relación entre el Estado y la Iglesia católica estuvo consagrada en la carta magna. Incluso, a la Iglesia cuya sede principal es el Vaticano se le otorgaron amplios beneficios y hasta se le entregaron responsabilidades civiles, como el matrimonio. Por eso, uno de los esfuerzos más importantes de la Constitución de 1991 apuntó hacia la libertad religiosa. Por primera vez, en más de un siglo, el ordenamiento colombiano reconoció que todas las religiones eran iguales ante la ley y que había plena libertad para practicarlas.

La sentencia C-350 de 1994 declara que Colombia es un Estado laico y pluralista, fundado en el reconocimiento de la plena libertad religiosa y la igualdad entre todas las confesiones religiosas. Es decir, todas las religiones son iguales para el Gobierno. Por lo tanto, ningún presidente, alcalde, gobernador o cualquier autoridad pública puede suponer que una religión debe estar por encima de otra.

Pero esto al parecer no ha sido entendido por algunos gobernantes, pues en el país ya han ocurrido hechos vergonzosos que tejen un manto de dudas sobre los creyentes y no creyentes, pues también se debe tener en cuenta los pobladores que no predican ninguna creencia o que son ateos, por ejemplo, en Yopal, una alcaldesa encargada,entregó en un acto simbólico las llaves de Yopal a Jesucristo, algo insólito en el que los medios internacionales hablaron durante algún tiempo.

Pero esto no se queda ahí, incluso, el alcalde anterior de Aguadas, Caldas quiso entregarle el pueblo a Dios.

«Al parecer, estos gobernantes desconocen en totalidad la sentencia de la Corte de 1994 y la Constitución del 91. No se trata de dejar de ser creyentes, sino de respetar la libertad de culto en Colombia». manifestó el abogado Diego Triviño quien interpuso un derecho de petición a los entes en mención.